“Me casé con mi amiga por los papeles”

Los matrimonios fraudulentos entre españoles y extranjeros extracomunitarios aumentan con la crisis. En 2011 se denegaron el doble de bodas que en 2010

Patricia R. Blanco Madrid 17 AGO 2012 - 00:58 CET

El País

Roberto viajó a España porque un amigo le había prometido un contrato de trabajo en una inmobiliaria. Dejó su país, Uruguay, y su negocio, “una tienda” que le daba “para vivir pero no para ahorrar”. “Al principio le comenté que no podía ir porque no tenía documentación y no quería estar de manera ilegal, pero me prometió que la empresa me lo arreglaría todo”, explica Roberto, que prefiere ocultar su verdadero nombre. Porque ahora sí tiene sus documentos en regla, pero no gracias a la empresa, que nunca cumplió su promesa, sino a una amiga que le ofreció casarse con él. “Lo hice por los papeles”, admite.

“Sin documentación eres preso de un país, cada vez que salís pensás que podés ir a la cárcel y que te pueden deportar”, reflexiona Roberto. A partir del 1 de septiembre, se suma otra amenaza: la pérdida de la asistencia sanitaria para los sin papeles que no puedan pagar 710 euros anuales.

Aunque es casi imposible conocer el número exacto de inmigrantes que han recurrido a un matrimonio blanco para regularizar su situación en España, fuentes policiales y judiciales admiten que son “muchos”, especialmente desde la explosión de la crisis económica, ante “la dificultad de obtener la tarjeta de residencia a través de un contrato de trabajo”. 

Como pista, el número de matrimonios entre españoles y extracomunitarios aumentó de 8.392 en 2004 a 20.551 en 2009. En 2010, sufrió una caída, a 8.828. Este descenso coincide, sin embargo, con la aprobación de la nueva Ley de Extranjería, que permite la reagrupación familiar a través de parejas de hecho. “Estamos notando un incremento altísimo de este tipo de uniones entre españoles y extracomunitarios, porque no se necesitan tantos requisitos como en las bodas”, reconocen fuentes de la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF).

Roberto no tenía “alternativa”. La inmobiliaria para la que trabajaba nunca tuvo la intención de contratarlo. “Tras año y medio en España, se me cayó la venda de los ojos y me di cuenta de que me habían engañado”, afirma con serenidad. Lo que más lamenta es que les “interesara más con papeles que sin papeles”. Mientras que él ganaba “poquito” —un fijo de 400 euros al mes más comisiones—, sus jefes “se ahorraban muchos impuestos”. Nadie en su oficina tenía permiso de trabajo y les obligaban a “estar siempre en la calle hiciera calor o diez grados bajo cero” para esquivar los controles policiales.

“Cuando se enteraron de que me iba a casar no les gustó nada y me dijeron que se iban a dar cuenta de que la boda no era por amor”, cuenta con cierta sorna. Nunca les descubrieron. La funcionaria que les atendió en el Registro Civil les dijo que el juez podría requerirles para hacerles una entrevista, aunque parecía que “su boda era de verdad”.

Demostrar que un enlace es fraudulento es muy difícil. “El matrimonio con un sin papeles no es un delito; el delito es el del favorecimiento de la inmigración irregular y es muy complicado demostrar que alguien se está lucrando” a cambio de que un inmigrante consiga la tarjeta de residencia, explican desde la UCRIF. A veces “hay indicios”, por ejemplo cuando la pareja no vive en el mismo domicilio, “pero puede significar que cada uno trabaja en una ciudad”. En otras ocasiones es más claro, como “el típico matrimonio entre un gitano y un nigeriano, que son los primeros que empezamos a detectar”, añade un miembro de la unidad contra los delitos de extranjería. Pero una vez casados, es “casi imposible” anular un matrimonio, a no ser que hayan usado “documentación falsa”.

En 2011, se denegaron 122 matrimonios mixtos, casi el doble de 2010, según fuentes judiciales. Además, la UCRIF desarticuló el año pasado diez redes y 51 servicios —grupos que carecen de la estructura de una red— que concertaban matrimonios fraudulentos con inmigrantes irregulares a cambio de dinero. La última operación conocida se produjo el pasado junio, con 17 detenidos. Fuentes de la unidad reconocen que las investigaciones en esta área se han intensificado en los últimos años.

Horacio P., de origen colombiano, contactó con una red que amañaba bodas y pagó 5.000 euros. “Fue muy fácil, me lo ofrecieron a través de un conocido, no lo busqué”. Y no se arrepiente: “Ahora tengo la nacionalidad española”.

También está orgulloso de su decisión Roberto, que consiguió un contrato. Primero, en la inmobiliaria en la que trabajaba, aunque nunca le llegaron a mejorar sus condiciones y cobró durante dos meses más en negro. Medio año más tarde ya había encontrado otro empleo. Por eso, no se plantea regresar a Uruguay: “Me siento bien aquí, hice muchos sacrificios, pero no me rendí”.