La cuarta reforma en ocho años de la Ley sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España sorteó ayer su primer escollo parlamentario. Los nacionalistas catalanes de CiU, los canarios de CC y los gallegos del BNG dieron su apoyo al Gobierno y ayudaron al PSOE a tumbar las tres enmiendas a la totalidad que habían presentado el PP, ERC-IU-ICV y el PNV. Sin embargo, ese aval no le ha salido gratis al Ejecutivo, que a cambio ha tenido que comprometerse a negociar los aspectos más restrictivos del proyecto de ley y a considerar la inclusión en el texto de mayores competencias para las comunidades autónomas.
La enmienda del PP era radicalmente opuesta a las otras dos. Mientras la primera pretendía endurecer el texto acabando con la reagrupación familiar en cadena (que los familiares reagrupados no puedan a su vez reagrupar a otros familiares en el futuro) y prohibir las "regularizaciones masivas", las otras dos exigían eliminar las restricciones a la reagrupación y no aumentar el período de internamiento para los sin papeles (que el proyecto elaborado por el Ejecutivo eleva de 40 a 60 días).
A pesar de ser absolutamente contradictorias, las tres enmiendas debían ser aceptadas o rechazadas en una misma votación, según establece el Reglamento del Congreso. De ahí que el diputado de ICV, Joan Herrera, intentara marcar distancias con los populares durante su intervención: "Ustedes", dijo refiriéndose al Gobierno, "han hecho esta ley pensando en pactarla con el PP, pero éstos les han desbordado en petición de restricciones".
Sus argumentos coincidían, en esencia, con los de ERC, IU y PNV, pero también con los de los grupos que ayudaron al PSOE a rechazar todas las enmiendas. La diferencia entre unos y otros estuvo en que CIU, CC y BNG aceptaron el compromiso del Gobierno y del Grupo Parlamentario Socialista de "empezar a negociar", en tanto que Herrera; Joan Tardà, de ERC, y Emilio Olabarria, del PNV, consideraron insuficiente esa promesa, sin definir hasta dónde están dispuestos a llegar.
Olaia Fernández Dávila, del BNG, afirmó que el apoyo de su grupo al proyecto está condicionado "a muchas mejoras". Otro listado de peticiones de grueso calibre lo lanzó Carles Campuzano, de CiU, quien hizo especial énfasis en la necesidad de medidas para la "integración" de los inmigrantes "sin un sentido asistencial o paternalista" que atribuyó a IU-ICV y ERC.
Tampoco quiso dar muestras al PSOE de entrega gratuita Ana Oramas, de Coalición Canaria: "La laguna más grave del Gobierno viene de los menores no acompañados que afrontan en solitario Canarias y Andalucía, cuando es un problema de toda España", afirmó.
A negociar se comprometió el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que presentó la ley y citó expresamente a la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, como artífice de la negociación.
La portavoz socialista de Inmigración, Esperanza Esteve, derrochó cercanía y gestos de complicidad con todos los portavoces, en un discurso que entusiasmó a su grupo y, ostensiblemente, al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. A Campuzano le elogió su "responsabilidad"; a Oramas, su compromiso, y a Herrera y Tardà, enmendantes, y catalanes como ella, les recordó lo mucho que les quería.
Los puntos más polémicos
- Internamiento. Aumenta el periodo máximo de permanencia en los Centros de Internamiento de los sin papeles de 40 a 60 días. Además, suspende el cómputo de ese periodo en caso de que los internos soliciten asilo o hábeas corpus.
- Reagrupación. Limita la reagrupación familiar de los ascendientes de los inmigrantes a los mayores de 65 años, aunque contempla razones humanitarias para llevarla a cabo en casos aislados. También exige al reagrupante cinco años de residencia permanente en España.
- Violencia de género. Las extranjeras en situación irregular que denuncien haber sido víctimas de una agresión sexista y obtengan una orden de protección podrán lograr una autorización provisional de residencia y trabajo hasta que se dicte la sentencia.
- Infracciones. Castiga con multa de hasta 10.000 euros a quienes promuevan la permanencia irregular de un extranjero después de haberle facilitado una carta de invitación para viajar a España.
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