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En Barcelona se presentó oficialmente el programa de protección de defensores de derechos humanos gravemente amenazados en sus países

Tomado de Prensa Rural

Óscar Duque, de la ACVC y Jhon Sajonero, de la ACEU, los primeros beneficiarios


El Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y Participación a través de la Oficina de promoción de la Paz y los Derechos Humanos del gobierno catalán, puso en marcha un programa de protección de defensores de los Derechos Humanos que están amenazados en sus países.

El pasado martes, 20 de octubre, fue presentado oficialmente en la sede del Colegio de Periodistas de Catalunya. Cada año vendrán por lo menos cinco defensores de derechos humanos que serán invitados a estar seis meses en Catalunya para que expliquen sus experiencias y realicen actividades de cabildeo e incidencia política con las organizaciones y las instituciones catalanas. Se busca que la estadía temporal en Barcelona sirva para aminorar el riesgo y defenderse mejor de las amenazas que reciben en sus países de origen.

El objetivo es ofrecer protección a activistas pro-derechos humanos amenazados o perseguidos ya la vez sensibilizar a la sociedad catalana sobre la situación que se vive en muchos países de África, Latinoamérica y otros puntos del mundo, donde cada día se cometen graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos. El programa se inscribe en las recomendaciones de la Asamblea de Naciones Unidas y en las directrices de la Unión Europea.

Los beneficiarios serán personas perseguidas o amenazadas por razón de su quehacer político y su postura activa en defensa de los derechos humanos. En cuanto a su procedencia, el programa establecerá unas zonas prioritarias. Entidades y administraciones podrán proponer candidatos a ser protegidos dentro de este programa.

La iniciativa arrancó este año con dos defensores de los derechos humanos colombianos acogidos. Se trata de Jhon Sajonero, líder estudiantil de la Universidad de Pamplona y dirigente de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios – ACEU, quien había sido amenazado por un profesor de esta universidad y posteriormente por grupos paramilitares. Y Óscar Duque, dirigente de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra – ACVC, quien estuvo recientemente seis meses encarcelado en su país en base a un procedimiento judicial amañado que llevo a otros cinco de sus compañeros a prisión y al resto de dirigentes de esta organización al exilio temporal.

El programa tiene como coparticipes al programa Ciudad Refugio del ayuntamiento de Barcelona, a la Agencia Catalana de Cooperación Internacional y a la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado, el objetivo es que a partir de 2010 sean acogidas 5 personas cada año.

Durante el tiempo que pasen en Catalunya, los activistas mantendrán contactos con entidades catalanas que trabajan por la defensa de los derechos humanos y con representantes de las principales instituciones. Se busca que su presencia en Catalunya sirva también para difundir su testimonio y visibilizar las violaciones de derechos humanos que se cometen aún, 60 años después de la Declaración Universal, en muchos países del mundo.

Durante la presentación se dirigieron al público David Minoves, director general de cooperación y ayuda humanitaria del gobierno catalán, Joaquim Mestre, regidor de derechos civiles del ayuntamiento de Barcelona, Xaveir Badía, director de la oficina de promoción de paz y derechos humanos de la Generalitat de Catalunya, Ágata Sol, directora de la comisión catalana de ayuda al refugiado, así como los primeros beneficiarios del programa, Jhon Sajonero y Óscar Duque, quienes relataron las particularidades de su trabajo como defensores de derechos humanos en Colombia.

La iniciativa de la Generalitat se suma a algunas experiencias similares que se están llevando a cabo en diferentes puntos del Estado. El gobierno de Asturias ha puesto en marcha un programa de protección dirigido a activistas colombianos y el ayuntamiento de Alcalá de Henares ha realizado alguna experiencia similar. El gobierno central creó el año pasado una línea de ayudas para personas perseguidas por su actividad en defensa de los derechos humanos fuera del Estado español. Las ayudas van destinadas a facilitar la salida de los activistas de su país y su acogida temporal en España.